El Experimento fallido sobre el control de las Armas
(The Failed Experiment Gun Control)

La publicación "Public Policy Sources" es difundida periódicamente por el Fraser Institute, Vancouver, Columbia británica, Canadá.

El Fraser Institute es una organización canadiense independiente dedicada a la investigación económica y social, y a la organización educativa. Tiene como objetivo el redireccionamiento de la atención pública al papel que tienen los mercados competitivos proveyendo al bienestar de los canadienses.

Donde la libre competencia de los mercados ha sido substituida por controles gubernamentales, el interés del instituto descansa en la documentación objetiva de la mejora o del deterioro resultante de la intervención del gobierno.

El trabajo del instituto es asistido por un Consejo Consultivo Editorial de economistas internacionalmente renombrados. El Fraser Institute es una organización no lucrativa nacional, financiada por la venta de sus publicaciones y las contribuciones deducibles de impuestos de sus miembros, de fundaciones, y de otros Portantes; no recibe ningún financiamiento del gobierno.

El autor de este estudio ha trabajado independientemente y las opiniones expresadas por él son, por lo tanto, las propias, y no reflejan necesariamente las opiniones de los miembros o de los administradores del Fraser Institute. Fecha de emisión: Noviembre de 2003.

Esta publicación nació como un trabajo presentado originalmente en el "Simposio sobre las Implicancias de los Derechos Legales, Económicos y Humanos de la Propiedad y de la Regulación de la Posesión Civil de Armas de Fuego", que tuvo lugar en la torre de Londres, Londres, Inglaterra (2 de mayo de 2003).

Este simposio fue patrocinado por el "Foro Mundial sobre el Futuro de las Actividades del Tiro Deportivo".


Sumario Ejecutivo

La extensa televisación de asesinatos ejecutados con armas de fuego en muchos países durante el siglo XX han estimulado a los políticos a introducir leyes restrictivas sobre las armas. Los políticos entonces han prometido que las nuevas restricciones reducirían la violencia criminal y "crearán una sociedad más segura." Es hora de detenerse brevemente y de preguntar si dichas leyes restrictivas reducen realmente la violencia criminal. Debe demostrarse fehacientemente que las leyes restrictivas sobre las armas sirven para cortar el crimen violento o el control de armamentos no es más que una promesa hueca.

Lo que hace atrayente para muchos al control de armas es la creencia que el crimen violento es conducido por la disponibilidad de armas y, más importante, que la violencia criminal en general puede ser reducida limitando el acceso a los armas de fuego.

En este estudio, examino tendencias del crimen en los países del Commonwealth que han introducido recientemente regulaciones sobre tenencia de armas de fuego, es decir, Gran Bretaña, Australia, y Canadá. La clave, vastamente ignorada, para la evaluación de las regulaciones sobre armas de fuego es examinar las tendencias totales del crimen violento, y no únicamente del crimen producido con armas de fuego. Puesto que este último es solamente una fracción pequeña de la violencia criminal total, el público no se hallaría más seguro si las nuevas leyes son aptas para reducir la violencia provocada con armas de fuego, pero no tienen ningún efecto en la violencia criminal total.

Los Estados Unidos proporcionan un punto valioso de comparación para determinar índices criminales, porque su sistema criminal judicial difiere drásticamente de los existentes en Europa y el Commonwealth. No sólo las penas criminales son típicamente más severas en los Estados Unidos -a menudo mucho más severas- sino que los índices de condena y encarcelamiento también son generalmente mucho más altas. Quizás la diferencia más llamativa es que ciudadanos "calificados" en los Estados Unidos pueden portar armas de mano encubiertas para la autodefensa.

Durante las últimas décadas, más de 25 Estados aprobaron leyes permitiendo que los ciudadanos responsables puedan portar armas. En el año 2003, existen 35 Estados donde los ciudadanos pueden conseguir tal permiso. El resultado es que los índices del crimen violento, y en particular los índices de homicidios, han estado disminuyendo en los Estados Unidos.

La caída en los índices criminales norteamericanos es aún más impresionante si se comparan con las del resto del mundo. En 18 de los 25 países investigados por el Ministerio del Interior británico, el crimen violento aumentó durante los años 90. Este contraste debe impulsar a la gente pensante a preguntarse qué sucedió en esos países en donde se introdujeron leyes cada vez más restrictivas sobre armas de fuego.


Gran Bretaña

En los últimos 20 años, los gobiernos conservadores y laboristas han introducido leyes restrictivas sobre la tenencia de armas de fuego; incluso prohibiendo todas las armas de puño en 1997. Desafortunadamente, estas regulaciones draconianas han fallado totalmente. El público no está más seguro y puede llegar a estar aún menos seguro. La estadística policial demuestra que Inglaterra yel País de Gales están soportando una onda criminal muy seria.

En contraste con los "armados" Estados Unidos, donde el índice de homicidios ha estado bajando por más de 20 años, llos índices de homicidios en las "desarmadas" Inglaterra y País de Gales ha estado creciendo. En los años 90 solamente, la tasa de homicidios creció el 50%, yendo desde un 10 por millón en 1990 a un 15 por millón en el 2000. La estadística policial demuestra que el crimen violento en general ha aumentado desde el final de los '80 y, en hecho, desde 1996 ha sido más serio que en los Estados Unidos. Las leyes restrictivas sobre armas de fuego pudieron incluso haber contribuido a aumentar la violencia criminal desarmando al público en general. A pesar que en Gran Bretaña se prohíbe y se confisca a todas las armas de mano, el crimen violento, así como el crimen por armas de fuego, continúan creciendo.


Australia

Luego de las matanzas impactantes ocurridas en 1996, el gobierno australiano realizó cambios sustanciales en la legislación sobre armas de fuego en 1997. Desafortunadamente, dichas regulaciones no han hecho las calles de Australia más seguras. El índice de homicidios, que había permanecido básicamente constante entre 1995 y 2001, ahora ha comenzado a subir nuevamente.

La declinación de la tasa de homicidios en los Estados Unidos se alza contra la tendencia creciente en Australia. La divergencia entre Australia y los Estados Unidos es aún más evidente con el crimen violento. Mientras que el crimen violento está disminuyendo en los Estados Unidos, está aumentando de Australia. Sobre los últimos seis años, el índice total del crimen violento en Australia ha continuado aumentando. Las estadísticas de robos armados continúan subiendo. El robo armado ha aumentado el 166% a nivel nacional. La incautación y la destrucción de las armas de fuego legalmente poseídas costaron a los contribuyentes australianos por lo menos $500 millones.

Los costos policiales mantienen la burocracia, incluyendo la enormemente costosa infraestructura del sistema de registro de las armas han aumentado en $200 millones desde 1997. ¿Y para qué? No ha existido impacto visible en el crimen violento. Es imposible justificar una cantidad tan grande del dinero de los contribuyentes para no obtener ninguna disminución del crimen. Con tal monto de dinero proveniente de los impuestos, la policía habría podido tener más vehículos de patrulla, relevos más cortos, o quizá incluso mejor equipamiento. Piensne en cuántas vidas pudieron haber sido salvadas.


Canadá

En la década del 90, cambios sustanciales fueron realizados a las leyes vinculadas con las armas de fuego, primero en 1991 y luego otra vez en 1995. El otorgamiento de licencias y el registro todavía se están poniendo en fase. El contraste entre la violencia criminal en los Estados Unidos y en Canadá es dramático. A través de la última década, el índice del crimen violento en Canadá ha aumentado mientras que en los Estados Unidos el índice del crimen violento ha caído radicalmente. El experimento canadiense con la regulación de armas de fuego se está convirtiendo en una farsa.

El esfuerzo de registrar todas los armas de fuego, cuyo costo fue originalmente presupuestado en solamente $2 millones, ahora ha sido estimado por el Auditor General en más de $1.000 millones. Los costos finales son desconocidos pero, si los costos de aplicación son incluidos, el total podría alcanzar fácilmente $3 mil millones. Los contribuyentes harían bien para pedir estudios de costos y beneficios de tipo independiente sobre la campaña, para ver cuánto está costando el registro de las armas.

La legislación restrictiva sobre armas de fuego no ha conseguido reducir el crimen violento en Australia, Canadá, o Gran Bretaña. La política de confiscación de armas ha sido un error costosa. La violencia criminal no ha disminuido. En cambio, continúa aumentando. Desafortunadamente, la política dicta que las direcciones actuales continuarán y, más importante aún, no será examinada críticamente. Solamente los Estados Unidos han atestiguado una caída tan dramática en la violencia criminal la última década. Quizás es tiempo que los políticos del Commonwealth revean su antipatía tradicional a las armas de fuego poseídas legalmente.

Es una ilusión que los "bans" sobre las armas protegen al público. Ninguna ley, no importa cuán restrictiva sea, puede protegernos contra las personas que deciden cometer crímenes violentos.

¿No deberíamos tomar medidas enérgicas contra los criminales, en vez de hacerlo contra los cazadores y tiradores deportivos?


Introducción

La extensa televisación de asesinatos ejecutados con armas de fuego en Francia, Alemania y Suiza en los últimos años han estimulado a los políticos en Europa a introducir cambios en las ya restrictivas leyes sobre las armas en sus países, para hacerlas aún más restrictivas.

La mayoría de nosotros recordaremos los títulos sobre un estudiante con depresión en Alemania que se volvió loco y mató a varios personas en su escuela después de haber sido expulsado. En Francia y Suiza, enojados individuos irrumpieron en los Consejos locales y comenzaron a disparar a los legisladores, aparentemente al azar.

Esta no es una nueva historia. Hemos visto antes este drama, en la televisión de Australia, de Gran Bretaña, de Canadá, y de los Estados Unidos, así como de otros países.

Primero, ocurre algún horrible acontecimiento -como ser, un estudiante perturbado disparando y matando gente en una escuela, o un maníaco creando un alboroto en un lugar público. La cobertura de los medios es intensa por algunas semanas. Entonces, el gobierno siente que debe ser visto como haciendo algo para proteger al público, entonces se otorgan a la policía nuevos poderes, o se introducen nuevas restricciones para la posesión de armas de fuego. Se difunden proclamaciones acerca de que las nuevas regulaciones sobre armas de fuego reducirán la violencia criminal y "crearán una sociedad más segura". Luego, los medios corren detrás de alguna nueva historia, y el público se olvida. Más adelante, aparece otro incidente extensamente difundido por los medios en algún otro lugar, y el proceso comienza otra vez.

La introducción de virtualmente cada ley sobre armas en la última mitad del siglo XX alrededor del mundo ha seguido este patrón. ." Es hora de detenerse brevemente, y de preguntarnos: si dichas leyes de las cuales se espera que prevengan la violencia criminal, realmente lo han hecho?

Los políticos prometen que el endurecimiento de las regulaciones sobre armas reducirán la violencia criminal y harán a la sociedad más segura. Algunos incluso proclaman que esas regulaciones reducirán la cantidad de suicidios. ¿Pero lo hacen realmente ? ¿Las restricciones crecientes sobre la propiedad de armas de fuego reducen los índices de homicidios? ¿Los índices de robo? ¿La violencia criminal en general? ¿Los índices de suicidios? ¿En resumen, las regulaciones sobre armas de fuego actúan para crear una sociedad más segura según lo proclamado por sus partidarios?

Si se supone que las leyes que restringen la propiedad de armas deberían reducir el crimen violento, entonces esta aseveración debe ser fehacientemente demostrada para ser verdad, o el control de las arma no es más que una promesa hueca. Sin embargo, los criminólogos admiten (en cierta forma renuentemente) que hay muy poco soporte empírico para la afirmación sobre que las leyes diseñadas para reducir el acceso general a las armas de fuego reducen la violencia criminal 1. Con frecuencia, dicha aserción ha resultado ser demasiado optimista.

Y puede no decirse que los gobiernos no fueron advertidos. La Comisión Cullen había recibido recomendaciones de una gran variedad de fuentes (por ejemplo, el investigador inglés y anterior superintendente de policía Colin Greenwood) argumentando que las restricciones en aumento no serían eficaces en la reducción del crimen violento (Munday y Stevenson 1996; Greenwood 1972).

En Canadá, antes de la introducción del decreto C-68, que definió el licenciamiento de los dueños y la registración de armas de fuego, el Auditor General de Canadá advirtió al gobierno que el Ministro de Justicia no había presentado ninguna justificación que evaluara que la legislación adicional sería más eficaz que la legislación anterior (Auditor General de Canadá 1993: 647-55). Yo mismo he testimoniado frente al Parlamento que la registración de las armas de fuego era "irrealizable, ineficaz, e indignantemente costoso" (Mauser 1995: 25). En aquella época, yo estimaba que podría costar a los contribuyentes tanto como 1.000 millones de dólares (Mauser 1995: 28).

El Auditor General de Canadá confirmó mi predicción en el 2002 (Auditor General de Canadá 1993: cap. 10). Desafortunadamente, ambas estimaciones resultaron bajas porque no incluyen los costos de otras agencias estatal de cooperación, ni los costos de aplicación. La mejor estimación hasta la fecha del costo que representó a los contribuyentes canadienses licenciar a los poseedores y registrar todas las armas está más cercano a los 3.000 millones de dólares (Breitkreuz 2003). Este estudio examina la proclama de que las regulaciones sobre armas de fuego recientemente introducidas, que restringen el acceso público a las mismas, torna a la sociedad más segura al reducir la violencia criminal.

La pregunta que aquí intentamos tratar no es si las leyes sobre armas causan una disminución -o un aumento- en los crímenes cometidos con armas de fuego. Eso es un tema netamente distinto. Por lo menos, las leyes sobre armas deberían actuar para reducir dichos crímenes 2. La pregunta clave es: ¿Las leyes sobre armas mejoran la seguridad pública? Es importante observar que, aún cuando las regulaciones sobre armas de fuego pudieran causar una disminución en los crímenes cometidos con ellas, otros tipos de crímenes violentos pueden aumentar y así transformar a la sociedad menos segura. Esto es importante, puesto que la violencia cometida con armas de fuego es solamente una fracción de la violencia criminal, a menudo una fracción muy pequeña.

Para testear la proclama general de que, mediante la restricción a la posesión de armas de fuego para el público en general, una sociedad puede reducir la violencia criminal, examinaré las tendencias en el crimen violento en algunos países que han introducido recientemente legislaciones generales sobre las armas de fuego.

En lo posible, estas tendencias serán comparadas con tendencias similares en los Estados Unidos. En el análisis del impacto de las modificaciones legislativas, es necesario examinar dichos cambios a través de un tiempo razonable. Este estudio examinará tendencias del crimen en cada país de considerar si se producen algunos cambios después de la introducción de las regulaciones sobre armas. Las tasas de criminalidad seleccionadas son aquellas que resultan las más apropiadas para evaluar la seguridad pública, los índices de homicidios, crimen violento, y crímenes contra la propiedad.

Además, analizaré también los índices de suicidios, ya que los desarmistas a menudo proclaman que reduciendo el acceso a las armas de fuego se reduce la tentación para que la gente vulnerable cometa suicidio.

Obviamente, los promedios internacionales son inaplicables a este esfuerzo. Este trabajo no trata, por ejemplo, si el promedio canadiense para un índice de crimen en particular es más alto (o más bajo) que los Estados Unidos o Inglaterra. Tales patrones hablan de diferencias históricas y culturales, y no de la eficacia de la legislación reciente sobre armas de fuego. Solamente los cambios o variaciones ocurridas son atinentes a esta cuestión.

Si la tasa de homicidios era baja antes de que las leyes restrictivas de las armas de fuego fuesen promulgadas, y en la actualidad continúan siendo bajas, ¿cómo podemos aseverar que dichas leyes con las causantes de dichos bajos índices...?

Seguramente, los EEUU nos proveen de un invaluable parámetro de comparación con Europa y el Commonwealth para determinar las tasas del crimen, pues el sistema de justicia criminal en los EEUU es única 3. No solamente las penas por crímenes son típicamente más severas en los EEUU -y generalmente mucho más severas- sino que también los índices de encarcelamientos y condenas son usualmente mucho más altas 4.

Quizás la diferencia más llamativa es que los EEUU son uno de los pocos países que alientan a ciudadanos calificados a portar armas de puño encubiertas para su propia defensa.

Durante las últimas décadas, mientras que Gran Bretaña y el Commonwealth convertían a la tenencia de armas de fuego cada vez más difícil, más de 25 estados en los EEUU aprobaron leyes permitiendo que los ciudadanos responsables porten armas de puño. Ahora hay 35 estados donde los ciudadanos pueden conseguir tal permiso de portación. Consecuentemente, el número de americanos armados en shoppings, en la calle, y en sus automóviles ha crecido a casi 3 millones de hombres y mujeres.

El resultado es que, ante la sorpresa de los observadores ocasionales, estas nuevas leyes parecen haber causado disminuciones en los índices del crimen violento, incluyendo los índices de homicidios. El profesor John Lott ha demostrado cómo el crimen violento ha disminuido más rápidamente en esos estados que han introducido leyes permitiendo la portación, que en el resto de los EEUU 5.

El resultado obtenido indica que los índices del crimen violento, y en particular los índices de homicidios, han estado disminuyendo en los Estados Unidos durante la pasada década 6.
La caída en los índices criminales norteamericanos es aún más impresionante si se comparan con las del resto del mundo. En 18 de los 25 países investigados por el Ministerio del Interior británico, el crimen violento aumentó durante los años 90. Este contraste debe impulsar a la gente pensante a preguntarse qué sucedió en esos países que creyeron que la introducción de leyes más y más restrictivas sobre armas de fuego las protegería de la violencia criminal.


Armas de fuego y violencia criminal

Lo que hace atrayente para muchos al control de armas es la creencia que el crimen violento es conducido por la disponibilidad de armas y, más importante, que la violencia criminal en general puede ser reducida limitando el acceso a los armas de fuego.

Esta es una aseveración empírica totalmente comprobable. Para examinar la proclama de que la legislación sobre armas de fuego mejorará la seguridad pública en general, el criterio más apropiado sería utilizar una unidad de medida adecuada, tal como el índice general del crimen violento total, o el de homicidios. El término "violencia criminal" implica cualquier crimen donde se infieren daños a un individuo, e incluyen los crímenes cometidos con cualquier arma, no solamente armas de fuego. Las armas de fuego están implicadas solamente en una fracción del crimen violento, a menudo en una fracción pequeña. Por ejemplo, entre el 1% y el 26% de incidentes de crímenes violentos implican a las armas de fuego en los países aquí examinados (Tabla 1).

Incluso en crímenes graves, tales como homicidio y robo, donde podría ser más frecuente el mal uso de armas de fuego, éstas son utilizadas solamente en una minoría de casos.

Entre el 4% y el 14% de ladrones utiliza un arma de fuego en Australia, Canadá, o Inglaterra, mientras que en los EEUU, menos de la mitad las utilizan (42%) 7. Pero un menor porcentaje en mal uso de armas puede no ser una bendición: las investigaciones demuestran que las personas víctimas de robo tienen menor probabilidad de ser dañadas en los crímenes donde el asaltante utiliza un arma de fuego 8.

Los crímenes cometidos con armas de fuego pueden descollar en los noticieros, pero la violencia que implica el uso de armas no es cualitativamente peor que otros tipos de violencia: ser aporreados hasta la muerte no es menos horrible que ser herido de muerte de un disparo.

En este estudio, los Estados Unidos se destacan en que la mayoría de los asesinatos (el 63%) son cometidos con armas de fuego, mientras que en Australia, Canadá o Inglaterra relativamente pocos asesinos las utilizan (9%-31%) 9. En el Commonwealth, las armas blancas son preferidas generalmente a las armas de fuego por los asesinos 10. Por ejemplo, evaluando los asesinatos cometidos con armas blancas en Canadá y en Australia, los que han sido cometidos con cuchillos duplican a los que implicaron el uso de armas de fuego (Dauvergne 2001: 8; Mouzos 2001).

Aunque el suicidio no es considerado un crimen violento, se incluye a menudo en la discusión de la violencia que involucra a las armas. Relativamente pocos personas (entre el 4% y el 20%) utilizan armas para cometer suicidio en los países del Commonwealth examinados aquí. Como de costumbre, los Estados Unidos son un caso único, pues algo más de la mitad de los suicidios implican el uso de un arma (el 56%). A pesar de este porcentaje más elevado, los Estados Unidos tienen un índice total de suicidios más bajo del suicidio que Australia o Canadá (Oficina de Estadísticas de Australia 2002; Preville 2003; NCIPC 2003). A pesar de afirmaciones en contrario, las armas de fuego no son letales que otros medios alternativos de cometer suicidio.

El colgamiento y el monóxido de carbono (por ej. usando los gases de escape de un vehículo) tienen aproximadamente la misma letalidad que el uso de armas de fuego (Kleck 1991: 258). Parecería obvio que cuanto más determinada esté una persona en suicidarse, es mayor la probabilidad que elija un método eficaz para hacerlo. Dado que las alternativas que tiene una persona que desea acabar con su vida son variadas, restringir el acceso a alguna de ellas (por ej. armas de fuego o trenes subterráneos), aún dejaría disponibles muchos otros métodos para alcanzar el mismo objetivo.

Los accidentes que involucran armas, a pesar de la cobertura mediática que parecen generar, son verdaderamente raros. Típicamente, los armas contabilizan menos del 1% de las muertes accidentales en cualquier país desarrollado. Quizás esta rareza explica porqué reciben tal atención emocional de los medios. Los accidentes provocados por vehículos son -por lejos- mucho más comunes y plantean un riesgo mucho mayor al público que los accidentes provocados con armas. A pesar de ello, los accidentes automovilísticos reciben poco o nada de interés de los medios. Éste es otro claro ejemplo que la cobertura de medios no indica la seriedad de una amenaza.

La "muerte por armas" es un caso extremo, pues combina dos fenómenos: homicidios y suicidios muy diversos, para producir un número importante pero engañoso (Mauser y Stanbury 2003). Es inadecuado utilizar "muertes por armas" para evaluar las leyes sobre armas por varias razones. Primero, las armas no están implicadas en el grueso de la violencia criminal, así que ellas no son de suma importancia al evaluar la seguridad pública.

En segundo lugar, aunque pocas personas utilizan las armas para cometer suicidio, los suicidios por disparos de armas de fuego constituyen la porción más importante en países desarrollados. Por ejemplo, el 80% de muertes por armas en Canadá son suicidios, mientras que el 76% de muertes por armas en Australia son suicidios. Tercero, hay poco soporte para la afirmación que las leyes sobre armas de cualquier clase reducen la tasa de suicidios (Kleck 1997: 288; Jacobs 2002:6)

En resumen, las mediciones más apropiadas para evaluar la seguridad pública en general son mediciones globales tales como "crimen total" u "homicidio violento total". Los leyes sobre armas se piensan ciertamente para reducir los crímenes por armas, pero la pregunta más importante es "si dichas leyes pueden reducir la violencia criminal total.

Puesto que el crimen por armas representa una fracción tan pequeña de la violencia criminal, sería extremadamente engañoso, particularmente en países del Commonwealth, utilizar el "crimen por arma" o la "muerte por arma" para evaluar el impacto de cualquier legislación en la seguridad pública. Claramente, el crimen por arma podría declinar por un número de razones, mientras que simultáneamente la violencia criminal total aumente. El cuerpo principal de este trabajo examinará la afirmación de que el crimen violento puede ser reducido centrándose únicamente en la reducción de crimen por armas.


¿Las armas provocan asesinatos?

Los partidarios del control de las armas gustan de afirmar que la disponibilidad de armas de fuego puede impulsar a veces a gente normal para ser violenta, y hasta para cometer asesinato. Esto es falso. Esta afirmación es analizada profundamente en otra parte de este trabajo, pero algunos puntos deben ser enfatizados para ilustrar la falta de fundamento de esta aseveración (Kleck 1991: 205-06, 1997: 222- 24). Mientras que puede ser verdad que todos tenemos algo de maldad en nuestros corazones, muy pocos de nosotros alguna vez intentan matar a alguien.

El asesinato es un acontecimiento raro y el asesino típico no es una persona normal, y no puede poseer legalmente un arma de fuego en cualesquiera de los países aquí discutidos. En el mundo desarrollado, el grueso de los dueños de armas son cazadores o tiradores deportivos. En Canadá, por ejemplo, como la tabla 2 demuestra, más de dos tercios de los propietarios de armas afirman que la caza es su razón principal de poseer un arma de fuego. Los dueños de armas son ciudadanos normales, como puede ser visto en la tabla 3. Analizando el promedio canadiense, los dueños de armas tienden a ser varones, algo mayores, levemente menos instruidos, pero con una renta más alta que el promedio.

Es un mito que los asesinos son gente "ordinaria". Los asesinatos son cometidos generalmente por gente desviada con una historia de violencia. Por supuesto, éstas no son las matanzas que generan las noticias. Según la estadísticas en Canadá, el asesino típico en ese país tiene antecedentes penales extensos, no puede poseer legalmente armas de fuego, abusa de las drogas o el alcohol, y está desempleado. Dos tercios de los asesinos canadienses poseen frondosos antecedentes penales, al igual que la mitad de sus víctimas (Dauvergne 2002).

Éstos no son canadienses normales. Es importante observar que los crímenes por armas están limitados a un número muy pequeño de la población. En Canadá, por ejemplo, se estima que hay entre 2.3 y 4.5 millones propietarios legales de armas 11. Allí se contabilizan alrededor de 10.000 crímenes violentos cometidos con armas anualmente 12. Aún si estos crímenes hubiesen sido cometidos por dueños habilitados legalmente por la ley de armas (y ellos no lo son), esto aún representaría menos del 1% de todos los propietarios legales de armas. El mismo argumento se aplica a las armas de fuego: muy pocas armas son mal usadas. Existen entre 7.9 y 15 millones de armas de fuego en Canadá. Por lo tanto, los 10.000 crímenes por armas anuales representan alrededor de un décimo del 1% del stock total de armas.

Los partidarios del control sobre las armas aseveran que cada arma ilegítima comienza su vida como un arma legal. Esto se utiliza para sugerir que los propietarios legales de armas (con conocimiento o sin él) están proporcionando todas, o casi todas, las armas de fuego usadas por los criminales violentos. Esto es falso. Primero, a nivel internacional, algunos países fabrican y distribuyen ilegalmente armas de fuego, probablemente para promover el terrorismo. Un número de estas armas de fuego caen en las manos de criminales ordinarios. En segundo lugar, el hurto no es la fuente primaria de las armas usados en la violencia criminal.

En países del Commonwealth, un porcentaje muy pequeño de las armas usadas en el crimen violento han estado en algún momento en el sistema registral. Por ejemplo, en Inglaterra y País de Gales, entre el 13% y el 16% de armas usadas en homicidios habían sido registradas alguna vez (Ministerio del Interior 2001: tabla 3D). En Canadá, el número de las armas de puño registradas usadas para cometer homicidios se estima en el 8% 13. En Australia, la porción es también absolutamente pequeña: solamente el 10% de las armas usadas en un homicidio habían estado alguna vez en el sistema 14. Tampoco en los EEUU el hurto es la fuente primaria de dichas armas (Kleck 1997: 94).

Para decir que las armas robadas estén implicadas en la violencia criminal, se necesita examinar los robos efectuados en arsenales de los militares o de la policía así como de los individuos. Una porción importante de la stock de armas en Canadá está en las manos de las autoridades, y estas armas se almacenan en grandes arsenales que generalmente no están tan bien custodiados como debería estarlo. Es extremadamente difícil estimar cuántos hurtos ocurren anualmente en los arsenales oficiales, pues no existen estadísticas. Sin embargo, se puede especular que las armas de fuego robados a la policía o a los militares representan probablemente un porcentaje importante de las armas usadas en el crimen.

A nivel internacional, una de las fuentes principales de las armas para las actividades criminales es el contrabando desde fuentes tales como depósitos militares de los decaídos países comunistas (Landesman 2003; Polsby y Kates 1997; Rummel 1994).

En resumen, he intentado demostrar aquí que no es razonable imaginar que las armas de fuego impulsen a la gente normal para cometer homicidios u otros crímenes violentos. El asesino típico no es un individuo normal, y no puede poseer legalmente un arma de fuego en cualesquiera de los países analizados en este trabajo. Ocurren tan pocos crímenes por armas comparados con el número de armas de fuego en cualesquiera de los países considerados aquí que, si las armas impulsan a la gente a matar, no están haciendo un buen trabajo.


¿Se puede reducir el crimen violento con leyes más restrictivas?

Gran Bretaña y País de Gales

La política sobre las armas de fuego en el Reino Unido se ha conducido siempre mediante una sensacional cobertura de asesinatos por arma de fuego por más de 15 años. Primero, en agosto de 1987, la pequeña ciudad de Hungerford, Inglaterra, fue acechada por ocho horas por un loco, que disparó a la gente a mansalva capricho. Cuando terminó la matanza, Michael Ryan había muerto a 16 personas y herido a otras 14, antes de dispararse a sí mismo (Malcolm 2002: 201). La atención de los medios se centró casi exclusivamente en cómo esa persona había hecho para obtener los armas de fuego legalmente. Aunque, en el análisis retrospectivo, otros temas eran mucho más importantes. El público no se vio shockeado por la realidad de que la policía desarmada no podía hacer nada para detenerlo, y que nadie en la ciudad tenía la voluntad o los medios para oponerse.

Casi 10 años más tarde, en 1996, en Dunblane, Escocia, Thomas Hamilton, que era conocido por la policía como un hombre mentalmente inestable, caminando dentro una escuela primaria con sus armas legalmente registradas y asesinado a 16 niños y a su profesor. Antes de suicidarse, hirió a otros 10 estudiantes y a tres profesores (Malcolm 2002: 203). Los medios se mostraron shockeados porque los ciudadanos en Gran Bretaña podían poseer armas de puño, y no porque la policía había fallado en la aplicación de las normas al conceder al asesino un permiso de posesión de armas de fuego. Según la información presentada a la Comisión Cullen, Hamilton había sido rechazado como miembro en varios clubs de tiro, los cuales habían solicitado a la policía revocar su permiso. La policía no había actuado ante estas quejas (Cullen 1996).

La enmienda de 1988 del Acta sobre Armas de Fuego fue impulsada por el gobierno conservador, posteriormente al incidente de Hungerford, y la nueva enmienda de 1997, que prohibió todas las armas de puño, fue introducido por el gobierno después de la balacera en Dunblane (Greenwood 2001; Munday y Stevenson 1996).

Desafortunadamente, estas draconianas reglamentaciones sobre las armas de fuego no han contenido el crimen (véase Malcolm 2002). Las estadísticas policiales demuestran que Inglaterra y el País de Gales están soportando una ola criminal muy seria. En contraste con los EEUU, donde el índice de homicidios ha estado disminuyendo por más de 20 años, la tasa de homicidios en Inglaterra y el País de Gales ha estado creciendo durante el mismo período. En los años '90 solamente, dicha creció el 50%, yendo desde el 10 por millón en 1990 al 15 por millón en el 2000 (Ministerio del Interior 2001) 15.

Las estadísticas policiales demuestran que el crimen violento en general ha aumentado en estos países desde finales de los '80 y, de hecho, desde 1996, más seriamente que en los EEUU (figura 2). El índice del crimen violento ha subido a partir del 400 por cien mil de 1988 a casi 1.400 por cien mil de 2000. (una porción no mensurable de este reciente aumento puede ser atribuida a los cambios en las reglamentaciones en 1998 y 1999.) En contraste, no solamente las tasas del crimen violento son más bajas en los Estados Unidos, sino que ellas han continuando declinando (Ministerio del Interior 2001; Federal Bureau of Investigations 2003: tabla 1).

Los crímenes contra la propiedad también han crecido seriamente desde principios de los años '80. Aunque los índices de estos crímenes han decrecido algo en los años 90, aún siguen siendo más altas en 1997, situándose por encima del 8%, cuando en 1982 estaban alrededor del 6%. (cuadro 3). En contraste, los citados índices están decreciendo en los Estados Unidos (Ministerio del Interior 2001; Federal Bureau of Investigations, 2003). Los índices de suicidios han bajado algo en Inglaterra y el País de Gales (tabla 4). En 1989, la edad las tasas estándar de mortalidad por todos los tipos de suicidio era del 10 por 100.000 y, en 1999, ahora es 9.5 por 100.000. De similar manera, las tasas de suicidios en los EEUU tienden también a declinar (bajando de 12.4 a 10.7 por 100.000), aunque los índices de tenencia de armas de fuego han crecido (McIntosh 2000).

El Ministerio del Interior también ha ido aumentado la severidad en la aplicación de regulaciones hasta tal punto que ha destruido a la comunidad de legítimos tiradores deportivos. Por ejemplo, los permisos de tenencia de escopetas han disminuido casi un 30% desde 1988 (Greenwood 2001) (cuadro 5). El Ministerio del Interior británico admite que solamente un arma de fuego de cada 10 usadas en homicidios se hallaba declarada legalmente (Ministerio del Interior 2001) (cuadro 6). Pero a pesar de ello, existe poca presión en los círculos burocráticos y gubernamentales para descontinuar la política de desarmar a los ciudadanos responsables.

Claramente, no existe ninguna evidencia que las leyes restrictivas sobre armas de fuego han hecho disminuir al crimen violento. Por el contrario, dichas leyes incluso podrían haber aumentado la violencia criminal desarmando al público en general. A pesar de la prohibición y confiscación de todas las armas de puño, el violento crimen -así como los crímenes cometidos con armas de fuego- continúan creciendo. El número de aquellos que implicaban uso de armas de puño ha aumentado desde 2.600 en 1997/98 a 3.600 en 1999/2000. Asimismo, los crímenes con armas de fuego han aumentado 200% en la última década.


Australia

La publicidad que generó un asesinato múltiple disparó cambios recientes en la política australiana sobre armas de fuego. En Port Arthur, Tasmania, el 28 de abril de 1996, Martin Bryant, un hombre mentalmente alienado, promovió una matanza, en la que asesinó a cualquier persona que se le cruzó. Entonces, los medios se enfocaron casi exclusivamente en que el asesino utilizó fusiles semi-automáticos de tipo militar. La policía llegó, rodeó y aisló el edificio, y comenzaron las negociaciones. Cuando intentó escaparse, el asesino fue capturado rápidamente (Bellamy 2003).

En total, mató a 35 personas e hirió seriamente a otras 18. Fue juzgado y condenado a prisión perpetua (Guirguis 2003). Aún existe confusión acerca de muchos de los detalles de este incidente, incluyendo cómo llegaron a las manos de Bryant las armas utilizadas, y si la respuesta de la policía fue o no adecuada. Ninguna Comisión Real ha examinado nunca el incidente. El enfoque mediático sobre el tipo de armas de fuego usadas en Port Arthur resultó una distracción para la preocupación pública.

Después de la escandalosa cobertura de los medios sobre esta matanza, en 1997 el gobierno australiano introdujo sustanciales cambios a la legislación sobre armas de fuego. Los nuevos controles introducidos incluyeron la prohibición y la incautación de casi 600.000 armas semiautomáticas -de "estilo militar"- de sus poseedores legales, así como nuevas regulaciones sobre licencias y registro (Lawson 1999; Reuter and Mouzos 2002). Desafortunadamente, estas nuevas regulaciones no parecen haber convertido a las calles de Australia más seguras.

Analicemos las tasas de homicidios. El homicidio que implica armas de fuego está declinando, pero los índices totales de homicidios básicamente se mantienen iguales completamente desde 1995 hasta el 2001 (Mouzos 2001). Sin embargo, los informes tempranos demuestran que la tasa nacional de homicidios pudo haber comenzado a subir otra vez. Mouzos (2003) expresa que los homicidios en 2001/02 aumentaron en el 20% a partir del 2000/01. Ella también reporta que, a pesar de que los homicidios declinan, hay un aumento en los incidentes con múltiples víctimas. Las tasas de homicidios se mantienen en sus valores máximos históricos.. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, la tasa australiana dl homicidio era alrededor del 1 por 100.000. Desde entonces, ha crecido hasta que se instaló en 2.4 por 100.000 en 1988.

La declinación en las tasas de homicidio en los Estados Unidos confrontan contra la tasa plana-o a veces creciente- de los homicidios en Australia (cuadro 7). La divergencia entre Australia y los Estados Unidos es aún más evidente cuando se considera el crimen violento (cuadro 8). Mientras que el crimen violento está disminuyendo en los Estados Unidos, continúa aumentando en Australia. Sobre los últimos 6 años, el asalto y el robo no demuestran ninguna muestra de disminuir (Instituto Australiano de Criminología 2003) (cuadro 9). Todavía es demasiado temprano para afirmar si la interdicción de las arma ha exacerbado el problema, o simplemente no ha tenido ningún efecto.

Los cambios recientes en la ley de armas de fuego parecen no haber tenido tampoco ningún impacto sobre los índices de suicidio (Australian Bureau of Statistics 2001) (cuadro 10). A pesar de las nuevas prohibiciones y confiscaciones, la tasa de suicidios en Australia continúa elevándose. Esta situación contrasta con la leve declinación de dichas tasas en los Estados Unidos, aún cuando la disponibilidad de armas de fuego continúa aumentando es este país.

La destrucción de las armas de fuego confiscadas costó estimativamente a los contribuyentes australianos 500 millones de dólares (AUS$), pero no ha tenido ningún impacto visible en el crimen violento (Lawson 1999). Estos costos no incluyen los costos de la burocracia que, como se ha demostrado en Canadá, pueden ser considerables. El robo, así como los índices del robo con uso de armas continúan subiendo. El robo armado ha aumentado 166% a nivel nacional - saltaba desde el 30 por 100.000 en 1996 al 50 por 100.000 en 1999 (Instituto Australiano de Criminología 2001; Mouzos y Carcach 2001).

Los índices de homicidios no han declinado, y la porción correspondiente a los homicidios a través de armas que implicaban armas de puño se han duplicado en los últimos cinco años (Mouzos 2001). La solución propuesta a la falla de las regulaciones sobre armas es prohibir las armas de puño, aunque, como en Gran Bretaña y Canadá, son pocas las armas de fuego usadas en homicidios cuya posesión es legítima. En el período 1999/2000 solamente 12 sobre 65 (el 18%) fueron identificadas como mal utilizadas por su dueño legal (Mouzos 2001).


Canadá

Como en otros países, los cambios recientes en la política sobre las armas de fuego fueron precipitados por el frenesí de los medios sobre un asesinato múltiple. El 6 de diciembre de 1989, Marc Lepine (cuyo nombre original era Gamil Gharbi), se dirigió al campus de la Universidad de Montreal, y se paseó por los pasillos de la facultad de ingeniería disparando a quienes se cruzaba, mientras profería gritos de odio hacia las feministas. En un aula, después de sacar a los hombres, les disparó a las mujeres que quedaron. En total, mató a 14 mujeres e hirió a otros 13 estudiantes, incluyendo cuatro hombres, antes de que él finalmente se disparara suicidándose (Jones 1998). Aunque se cruzó con un centenar de estudiantes, y por lo menos con tres profesores, nadie intentó detener al asesino.

La mayoría hicieron lo que él les ordenó. Una investigación del "coroner" de Montreal criticó seriamente a la policía por su respuesta inadecuada (Mac-Donald 1990). La policía incluso no llegó hasta después de finalizada la matanza. Después de tomarse 30 minutos para llegar al campus de la Universidad, la policía no podía encontrar el edificio de Ingeniería. La oficina del "coroner" indicó que el tipo de arma usado no representó un factor significativo en los asesinatos. Sin embargo, los activistas utilizaron este horrible crimen para lanzar una campaña que promovió restricciones más serias sobre las armas de fuego, como una manera de proteger a las mujeres contra la violencia masculina.

Como resultado, Canadá introdujo cambios superlativos en dos oportunidades a sus leyes sobre armas de fuego.

El primero, en 1991, bajo el gobierno conservador, y la segunda modificación en 1995, ocurrida aún antes de haber puesto en ejecución en su totalidad las medidas dispuestas por el primer cambio, bajo el gobierno liberal.. La "1995 Firearms Act" (Acta sobre Armas de Fuego de 1995) todavía se halla en etapa de implementación.

El gobierno canadiense utiliza el índice descendente de homicidios y el índice descendente del crimen violento para apoyar la aseveración de que estas leyes sobre armas de fuego están actuando para reducir la violencia criminal. Desafortunadamente para esta discusión, la tasa de homicidios ha estado bajando tan o más rápido que en los EEUU (cuadro 11), donde durante el mismo período de tiempo, más de 25 Estados han introducido leyes menos restrictivas sobre las armas de fuego. La tasa de homicidios en los EEUU ha caído desde el 10.5 por 100.000 en 1991, al 6.1 por 100.000, mientras que la tasa canadiense ha caído desde el 2.7 por 100.000 al 1.8 por 100.000.

El contraste entre el índice de la violencia criminal en los Estados Unidos y el recién mencionado del Canadá es dramático (ver cuadro 12). Durante la última década, el índice canadiense del crimen violento ha aumentado mientras que, en los EEUU durante el mismo período, el índice del crimen violento ha decrecido a partir del 600 por 100.000 al 500 por 100.000 (Gannon 2001) 17. Los estudios econométricos descartaron la aseveración que la nueva legislación sobre armas de fuego causó la declinación de la tasa de homicidios en este país.

Esto se ve claramente en un estudio realizado por el profesor Richard Holmes y yo, donde determinamos que la legislación sobre armas de fuego no tenía ningún impacto significativo en la tasa de homicidios (Mauser y Holmes 1992) (cuadro 13). En este estudio, analizábamos el efecto de seis variables independientes en la tasa de homicidios para cada provincia a partir de 1968 hasta 1988. La longitud de las líneas horizontales indica la fuerza de las variables independientes. Las líneas que extienden a la derecha se asocian positivamente a la tasa de homicidios, mientras que las que extienden a la izquierda son negativamente asociadas. Cualquier ratio por encima de 1.65 es estadísticamente significativo. Según lo presumido, la ley 1977 sobre armas de fuego se asocia negativamente a la tasa canadiense de homicidios, aunque no en forma perceptible.

Las otras variables independientes actúan en la dirección esperado. Ni tampoco puede afirmarse que la legislación de armas actuá para reducir otros tipos de crimen violento. El profesor Dennis Maki y yo hemos demostrado que los leyes canadienses de armas pudieron incluso haber causado un aumento en el robo armado (Mauser y Maki 2003). En este estudio, analizábamos el impacto de nueve variables independientes sobre tres variables dependientes relacionadas: (a) robo armado, (b) los robos armados que implicaban uso de armas de fuego, y (c) los robos totales para cada provincia desde el año 1974 al '92. Analizamos cada una de las variables dependientes por separado (cuadro 14). Como en el cuadro 13, la longitud de las líneas horizontales indica la fuerza de las variables independientes. Las líneas que se extienden a la derecha se asocian positivamente a la variable dependiente, mientras que las que extienden a la izquierda son negativamente asociadas. Cualquier ratio por encima 1.65 es estadísticamente significativa.

Los resultados de los tres análisis son absolutamente similares. el poder del análisis econométrico radica en que el modelo considera a los factores más importantes como co-variables aleatorias. El profesor Maki y yo encontramos que una vez que desagregamos los efectos de las otras variables, la ley de armas canadiense todavía tenía un efecto significativo. Desafortunadamente, este efecto era positivo, es decir, la ley de armas actuaba para aumentar la violencia criminal.

Tendencias casi idénticas son visualizadas en las tasas de crímenes sobre la propiedad, que están declinando en Canadá y en los EEUU (cuadro 15). Las tasas de suicidios se han mantenido estables en Canadá, mientras que en el mismo período han ido declinando en los Estados Unidos (cuadro 16). A pesar de una caída en los índices de suicidios cometidos con armas de fuego, ningún impacto ha existido sobre la tasa total de suicidios canadiense, la cual ha comenzado recientemente a aumentar otra vez (Preville 2003). La carencia de vinculación es uno de los puntos obscurecidos por el factor engañoso de la "muerte por armas", al crearse esta amalgama pseudo-científica de suicidios, de homicidios, y de uso accidental o erróneo de armas de fuego.

El experimento canadiense con la regulación sobre armas de fuego se está convirtiendo en una farsa. Aunque se aseguró originalmente que este experimento costaría solamente CDN$ 2 millones, el Auditor General reportó que el esfuerzo de registrar todas las armas de fuego ya ha superado la cifra de CDN$ 1.000 millones. Los costos finales son desconocidos pero, si son incluidos los costos de aplicación, las estimaciones ahora alcanzarían los CDN$ 3.000 millones.


Conclusión

Esta breve revisión de las leyes de armas demuestra que desarmar al público no ha reducido la violencia criminal en ninguno de los países examinados aquí: ni en Gran Bretaña, ni en Canadá, ni en Australia. En todos los casos, desarmar al público ha sido ineficaz, oneroso, y a menudo contraproducente. En todos los casos, los hechos han implicado la instalación de costosas burocracias que no producen ninguna mejora sensible en la seguridad pública, y empeoran aún la situación. Los resultados de este estudio son consistentes con otra investigación académica, que afirma que la mayor perte de las leyes de armas no tienen ningún efecto mensurable en el crimen (Kleck 1997: 377; Jacobs 2002). Como he discutido en otra parte (Mauser 2001a), la historia del control de armas en Canadá y el Commonwealth demuestra la delicada situación que se crea al aceptar incluso las medidas de control aparentemente más benignas sobre armas.

En cada una de las etapas, el gobierno restringe el acceso a las armas de fuego o los prohibe y confisca arbitrariamente determinados tipos de armas de fuego. En Canadá, la registración se ha convertido eventualmente en incautación. Al mismo tiempo, se han dado mayores poderes a la policía. La extensión de los poderes de búsqueda y detención del Estado deben ser consideradas muy seriamente por los defensores de la libertad, especialmente desde el punto de vista de la erosión de los derechos individuales de los canadienses.

Las instituciones democráticas del Canadá pudieron también haber sido dañadas por la transferencia de lo que muchos consideran como poderes legislativos, a la policía por la legislación sobre armas de fuego. El registro de las armas de fuego también viola las reglas básicas de control dispuestas en la década de 1820 por sir Robert Peel, el fundador de la primera fuerza policial profesional, los "British Bobbies". Para que los leyes sean hechas cumplir con eficacia, la policía debe tener la ayuda de los ciudadanos que son custodiados. Sin embargo, la experiencia en varios países demuestra que la resistencia pasiva al registro de los armas de fuego se ha extendido en forma universal.

En lugar de visualizar al control de armas como una respuesta política al crimen violento, es más útil verlo como el producto del conflicto entre las culturas urbanas y rurales (Kleck 1996). Más que como un movimiento de acercamiento que represente una tentativa de imponer valores rurales ante residentes urbanos, el registro de las armas de fuego se puede ver como tentativa por los "urbanos" de imponer sus valores culturales ante el resto de la sociedad.

La demonización del ciudadano promedio que sea poseedor de un arma representa el cimiento para un aumento masivo en la intrusión gubernamental en las vidas de los ciudadanos ordinarios. El registro de las armas de fuego y el licenciamiento de los dueños amenaza libertades canadienses que datan de muchos años. El tipo de control de armas que Canadá ha introducido no es consistente con muchos principios democráticos y con la protección de las libertades civiles. Sin embargo, Canadá ha encabezado un movimiento en las Naciones Unidas para imponer un régimen similar de restricciones draconianas alrededor del mundo.

Desarmar al público aumenta grandemente el cinismo con que gran parte de la población califica al gobierno, y disminuye su buena voluntad para conformarse con otras regulaciones futuras que puedan incluso ser más sensibles. El sentido de la enajenación crece con la severidad de las restricciones y con la ineficacia de su resultado. Desafortunadamente, la política dicta que las direcciones actuales continuarán y, lo más importante, no serán examinadas críticamente. Esta última es una garantía del aumento de esa enajenación futura.

Esta situación empeorará hasta que los medios de comunicación lentamente se den cuenta que su cruzada hacia la prohibición de armas ha sido mal dirigida, y comience a dirigir su atención hacia las grandes cantidades de dinero que se han perdido en búsqueda de un sueño de ingeniería social que fue condenada al fracaso desde el comienzo.

Solamente los EEUU han atestiguado una caída dramática en la violencia criminal durante la última década. El sistema de justicia en los Estados Unidos se diferencia de muchas maneras del aplicado por el Commonwealth, pero una de las razones importantes de la caída en el crimen violento puede ser que los ciudadanos responsables cada vez portan más armas (Lott 2000). En contraste, las autoridades del Commonwealth insistes en el monopolio de la fuerza. Si la meta es disuadir a la violencia criminal, quizás ha llegado la hora para los países del Commonwealth de convencerse que las leyes sobre armas pueden no reducir el crimen violento, sino que la violencia criminal es una causa de la existencia de dichas leyes (al menos, los crímenes bien publicitados sí lo hacen).

El único ganador en este drama es la burocracia. El resto de nosotros pierde tanto libertad, así como seguridad. Es ilusorio seguir pensando que la ley protegerá al público, puesto que ninguna ley, no importa cuán restrictiva sea, puede protegernos contra la gente que está decidida a cometer crímenes violentos. Siempre ha habido criminales, y ha habido siempre gente trastornada. El asesinato ha sido ilegal por miles de años: necesitamos solamente recordar la historia de Caín y de Abel. Los medios masivos de comunicación califican a los crímenes cometidos mediante el uso de armas como más letales, pero los asesinatos múltiples por el incendio deliberado han demandado históricamente más víctimas que ellos.

La verdad es que todos nosotros vivimos en un mundo peligroso, y que el gobierno no puede protegernos, por la sencilla razón de que la policía no puede estar en todas partes. Debemos confiar en última instancia en nosotros mismos, y esto es solamente correcto cuando tenemos las herramientas necesarias para hacerlo.


Notas

1 - Quizás los más conocidos son Gary Kleck (1997: 377) y Colin Greenwood (1972: 240) pero declaraciones similares ha sido hechas por James B. Jacobs (2002) y Peter Reuter y Jenny Mouzos (2002) en su presentación a la Sociedad Americana de Criminología.

2 - Hay poca evidencia acerca de que las leyes de armas son eficaces. Por ejemplo, Joyce Malcolm (2002) demuestra convincentemente que las leyes ingleses sobre armas han fallado y realmente están haciendo aumentar a los crímenes con armas y al crimen violento.

3 - Para una discusión más cuidadosa sobre las diferencias entre una variedad amplia de países, incluyendo los Estados Unidos, ver Kopel 1992.

4 - Estos puntos han sido hechos más inteligibles por Patrick Langan y David Farrington (1998), que comparan los sistemas de justicia criminal de los Estados Unidos con el de Inglaterra y el País de Gales. Marie Gannon (2001) también compara tasas de crimen en los Estados Unidos y el Canadá.

5 - Ver John Lott 2000, 2003. A pesar de haberse sujetas a un severo escrutinio empírico por los críticos, sus aserciones básicas todavía se mantienen incólumes.

6 - Estas tendencias se visualizan fácilmente en los datos contenidos en el Uniform Crime Report (UCR), que pueden ser consultados en el Web site del Federal Bureau of Investigations (http://www.fbi.gov/ucr/ucr.htm).

7 - Es importante recordar que los Estados Unidos han sido siempre un país violento. Algunos observadores creen que esto es debido a los antiguos problemas relacionados con el racismo y la pobreza. Según lo mencionado anteriormente, la pregunta bajo análisis en este trabajo es la eficacia de la legislación reciente sobre armas de fuego, y no las diferencias históricas o culturales básicas en los distintos países.

8 - Gary Kleck (1997: 238) especula que una razón de esto pudo ser que el asaltador armado con un arma de fuego puede ordenar conformidad de su víctima sin primero dañarlo.

9 - Los Estados Unidos no son el país más violento del mundo desarrollado. Esa distinción pertenece a Rusia, que tiene una tasa de asesinatos dos a tres veces más alta que el de los Estados Unidos, a pesar de tener leyes draconianos sobre armas que son hechas cumplir muy estrictamente (Miron 2001: 624).

10 - Jamaica es una excepción deslumbrante: a pesar de tener leyes draconianas sobre armas de fuegoéstas son utilizadas en casi dos tercios de los homicidios y más de la mitad de los robos (Edwards 1999: 30).

11 - El Centro Canadiense de Justicia asegura que existen oficialmente 2.3 millones de propietarios de armas en Canadá; mi mejor estimación (2001b) es que hay 4.5 millones de propietarios.

12 - Esta estimación se basa en un informe reciente de "Estadísticas de Canadá", y en un requerimiento especial anterior dirigido al mismo ente. Josée Savoie (2002) informa que casi 4.000 crímenes violentos implicaron a un arma de fuego, sino éste no incluye ninguna asaltos que pudieron haber utilizado un arma de fuego.

13 - Las armas de puño representan el tipo más común de arma de fuego utilizadas en homicidios en Canadá, y hasta hace poco tiempo, es el único tipo de arma de fuego que fue registrado (Dauvergne 2001: 10)

14 - Solamente 11 de los 117 homicidios cometidos con arma de fuego entre 1997 y 1999 implicaron un arma de fuego legalmente poseída por el autor (Mouzos 2000: 4)

15 - Según estadísticas de la Policía publicaron por el "Scottish Executive" (2001), la tasa de homicidios en Escocia también ha aumentado durante este mismo período de tiempo, creciendo desde el 16 por millón al 21 por millón.

16 - Datos relevados recientemente demuestran una declinación en el crimen violento pero esto no se refleja en los datos de la policía (Simmons et el al. 2002).

17 -Esta comparación demuestra las estadísticas oficiales de ambos países. Gannon (2001) construye los índices de crimen violento que son más directamente comparables. En su análisis, las tendencias en el crimen violento en los dos países se asemejan bastante, pero sus datos también demuestran que el crimen violento en Canadá está aumentando mientras que en los Estados Unidos está disminuyendo.

18 - Este estudio es consistente con casi todo el resto de la investigación sobre la legislación canadiense sobre armas de fuego. Los únicos estudios que han hallado un impacto han sido financiados por el Ministerio de Justicia Canadiense.


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About the author...

Gary A. Mauser is a Full Professor in the Institute for Urban Canadian Research Studies and the Faculty of Business Administration at Simon Fraser University, Burnaby, British Columbia, Canada.
He earned his Ph.D. in Social Psychology from the University of California at Irvine. He has published numerous scholarly articles on survey research analysis, guns and violence, and evaluating firearm legislation.

His recent papers are:
Misfire: Firearm Registration in Canada (Fraser Institute Public Policy Source 48); Canadian Attitudes toward Gun Control: The Real Story, with H. Taylor Buckner, published by the Mackenzie Institute; "An Evaluation of the 1977 Canadian Firearm Legislation: Robbery Involving a Firearm," with Dennis Maki, published in Applied Economics, and "Armed Self Defense: the Canadian Case," published in the Journal of Criminal Justice.

He has served as an expert witness for the Supreme Court of Canada, the Alberta Court of Appeal, and has testified before Canadian parliamentary committees on proposed firearm legislation.

 

Traducido al español por el Sr. Alejandro Ranucci